Ante la Sentencia desestimantoria del derecho a objetar en conciencia a la asignatura EPC Enero 28, 2009
Posted by admin in : Objeción de Conciencia, Libertades civiles , comments closedAnte el serio revés para la libertad que supone el rechazo por parte del Pleno de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo del derecho a objetar en conciencia a la asignatura epc, este centro jurídico en la voz de su Presidente D. Javier Pérez Roldan Suanzes se ve en la necesidad de demandar a la sociedad una actitud responsable ante el peligro de ADOCTRINAMIENTO.
Madrid, 28 de Enero de 2009.- Con todas las reservas que se deben guardar al no haberse dictado la Sentencia sobre el derecho a objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y conociendo únicamente su fallo, dado lo trascendente del acontecimiento, el Centro Jurídico Tomás Moro quiere mostrar un camino de esperanza a los padres objetores.
Efectivamente, este Centro Jurídico considera necesario hacer las siguientes observaciones:
1.- Dado que en España existe para los padres la obligación legal de educar, pero no la obligación legal de escolarizar, este Centro Jurídico profundizará, a requerimiento de varios padres objetores, en el desarrollo del derecho a educar fuera de las escuelas controladas por el asfixiante poder político. Dicha actividad tendrá que centrarse necesariamente en el fomento del asociacionismo, en el desarrollo de campañas de concienciación y en el ofrecimiento de cobertura legal a todos los padres que deciden ejercer su libertad educativa fuera de los centros educativos (home schooling).
2.- Dada la denuncia del riesgo de adoctrinamiento, que parece que la Sala del Tribunal Supremo recogerá en su Sentencia, este Centro Jurídico extremará su celo en el estudio, análisis, y en su caso posterior denuncia, de cualquier libro o texto que suponga un ataque a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a la libertad política o a la libertad ideológica.
3.- Dado las preocupante situación por la que está atravesando España, muy especialmente en el ámbito jurídico y económico, con el control del poder político de la judicatura, a través del nombramiento político y partidista del Consejo General del Poder Judicial; con el control político de los delitos perseguibles, a través del ninguneo del Instituto de la Acusación Popular (caso Ibarretxe); con el sistemático ataque al primigenio derecho a la vida (ampliación del aborto; reconocimiento de la eutanasia; incremento del comercio internacional de armas por parte del Gobierno; profundización, debida a las políticas gubernamentales, de las diferencias entre ricos y pobres..); y con la preocupante reducción del ámbito de la libertad personal y social (quebranto de los derechos fundamentales de objeción de conciencia y libre desarrollo de la personalidad), este Centro Jurídico luchará con todos los medios legales en la defensa de los Derechos Fundamentales, frente a una clase política cada vez más empeñada en coarta el bien más preciado del hombre: LA LIBERTAD CIVIL.
El Centro Jurídico Tomás Moro, aboga por la moderación del gasto en la financiación de los Partidos Políticos con representación parlamentaria. Enero 28, 2009
Posted by admin in : Actualidad, Derechos Civiles, Libertades civiles , comments closedMadrid, 27 de enero de 2009.- Ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha Martes 27 de enero de 2009, de la Resolución de fecha 12 de enero de 2009, de la Dirección de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender a los gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2008, este Centro Jurídico se ve forzado a Reclamar a los Poderes Públicos mayor moderación en el gasto.
Efectivamente, cuando la economía española manifiesta síntomas claros de agotamiento, cuando las cifras de desempleo superan sobradamente los 3.200.000 parados, y cuando el Gobierno no es capaz de implementar medidas económicas- fiscales capaces de generar perspectivas de bonanza económica para el futuro más inmediato, resulta cuanto menos doloroso que los Poderes Públicos, y los Partidos Políticos, no den ejemplo mediante la sana moderación del gasto público.
Que los Partidos Políticos son una pieza clave e insustituible para el buen del sistema democrático, es una verdad hoy por hoy indiscutible. Ellos son el garante de nuestra libertad. Precisamente, por ser garantes de la libertad, su organización, funcionamiento y financiación han de ser un claro reflejo de las inquietudes de la ciudadanía. Por ello, consideramos que en una época de crisis económica generalizada, han de dar un claro ejemplo de moderación en el gasto, contribuyendo con su ejemplo a la mejora de la situación económica y moral del país.
En este sentido, creemos que las cifras destinadas a los gastos de funcionamiento ordinario de los partidos políticos con Representación en el Congreso de los Diputados, no compadecen con la situación de grave crisis económica del país. En un momento en que todas las economías familiares y empresariales están realizando un gran esfuerzo de moderación, no consideramos apropiado el enorme dispendio económica en el que incurren los Grupos Políticos presentes en el Congreso de Diputadas. Las cifras hablan por sí solas, pues las subvenciones correspondientes al cuarto trimestre del 2.008 para gastos ordinarios son clarividentes: (more…)
Politización y déficit democrático ante el sobreseimiento de la casa contra Juan José Ibarretxe y Patxi López Enero 18, 2009
Posted by admin in : Derechos Civiles , comments closedNota de Prensa: El Centro Jurídico Tomás Moro vuelve a denunciar la politización de la justicia y el déficit democrático, con ocasión del Auto del TSJPV, por el que se sobresee la causa contra el Lehendakari Juan José Ibarretxe y el líder del PSE/EE, Patxi López, por reunirse con ex dirigentes de la ilegalizada Batusuna.
Madrid, 18 de enero de 2009.- Este Centro Jurídico no puede dejar de manifestar su estupor ante el Auto del TSJPV que sobresee la causa del llamado caso Ibarretxe “ante la ausencia de una acusación legítima”.
Efectivamente, la consideración de falta de legitimación a la acusación popular en este tipo de procedimientos, aplicando la “doctrina Botín”, supone un serio revés para todos aquellos operadores jurídicos que luchamos por la despolitización de la justicia y el ejercicio real por parte de la ciudadanía de las Libertades Democráticas.
No reconocer legitimación a la acusación popular, dejando únicamente en manos de la Fiscalía la persecución de los delitos, acerca peligrosamente a nuestra justicia a las fronteras de los regímenes totalitarios. Las presiones políticas han supuesto la claudicación de un Poder Judicial en clara huida de la defensa de los intereses legítimos del pueblo español.
Superando el caso concreto, ya de por si escandaloso, este Centro Jurídico puede constatar que el actual Gobierno de la Nación, aplicando la doctrina ya conocida como Botín, por la que se considera insuficiente la acusación popular para abrir el procedimiento abreviado, está preparando su impunidad para futuras acciones judiciales contra los políticos que violen sistemáticamente los más básicos derechos constitucionales. Y es que los casos de corrupción y de arbitrariedad no tienen perjudicados directos, por lo que no cabe la acusación particular nunca, y sí perjudicados genéricos, los españoles, que deben poder defender sus derechos a través de las asociaciones civiles que esta ahora venían ejerciendo en estos casos la acusación popular.
Hoy constatamos la voluntad deliberada del Gobierno en su búsqueda de la impunidad judicial ante desmanes gubernamentales y políticos. Anteriores gobiernos socialista pudieron comprobar cómo la Justicia Española fue capaz de aguantar las presiones políticas encaminadas a evitar que los Juzgados y Tribunales pudieran controlar la legalidad de ciertas actuaciones corruptas y gravosas para el interés común, como fueron los numerosos escándalos de corrupción, ataques sistemáticos a la dignidad de las personas, o la organización de Grupos Terroristas amparados por la estructura gubernamental. El actual Gobierno ha aprendido la lección, y desoyendo el precedente judicial del caso Atutxa, por el que se reconoció capacidad suficiente a la acción popular para impulsar la apertura de juicio, en ausencia de perjudicados directos, pretende blindar jurídicamente a los políticos, impidiendo el control jurisdiccional de los actos políticos, por parte de la Magistratura.
El Auto de sobreseimiento que hoy dicta el TSJPV es un acta de defunción tanto de la libertad judicial como de la iniciativa popular en ejercicio de su poder soberano. (more…)
